17 de agosto de 2018 | IDE | Por Marian Scheifler
El debate sobre el alcance de la facilitación de inversiones como instrumento para atraer IED sostenible y maximizadora de su contribución al desarrollo, promovida desde el multilateralismo (OMC, UNCTAD), ha topado con la voz crítica cada vez más clara de grandes países como Brasil, India, China, Rusia o Sudáfrica, que han desarrollado un marco común, no vinculante, para la facilitación de inversiones, otorgando autonomía a los miembros para decidir qué políticas y herramientas adoptar.
Columbia FDI Perspectives (nº232) acaba de publicar un artículo del profesor K. Singh, Director del think tank Madhyam de Nueva Delhi, en el que se señala que, tras el fracaso de la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC que tuvo lugar en Buenos Aires en Diciembre 2017, en la que cerca de 90 miembros de los 164 representados no apoyaron las discusiones sobre facilitación de inversiones, la mayoría de los países han implementado y están desarrollando unilateralmente una amplia gama de medidas facilitadoras a nivel nacional y subnacional, según sus propias estructuras administrativas, mientras que 70 de ellos decidieron lanzar una iniciativa plurilateral.
Como es bien sabido, la facilitación de inversiones se refiere a medidas destinadas a ayudar a los inversores a iniciar, operar o salir de sus negocios en un territorio. Con el objetivo de eliminar los obstáculos, se trata de mejorar el entorno inversor mediante la transparencia y la previsibilidad de las políticas de inversión, agilizando los procedimientos administrativos y adoptando herramientas para manejar las consultas o quejas de los inversores.
Ahora bien, lo cierto es que los inversores se enfrentan a la mayor parte de los impedimentos administrativos en el nivel subnacional, especialmente durante la ejecución de proyectos de inversión, incluso cuando solicitan las aprobaciones de las autoridades antes de la instalación y deben cumplir con las leyes vigentes durante la construcción y la operación. En este sentido, desarrollar un enfoque de "abajo hacia arriba" para abordar los procedimientos administrativos desde el nivel local, parece una mejor opción que implementar reglas vinculantes multilaterales "de arriba hacia abajo".
El proyecto de texto de facilitación de inversiones presentado en febrero de este año por Brasil como ejemplo ilustrativo, prevé el establecimiento de enfoques nacionales en cada país miembro de la OMC, con amplias responsabilidades que incluyen operar un sistema electrónico de ventanilla única, proporcionar a los inversores toda la información relacionada con leyes y políticas nacionales, mejorar la comunicación entre inversores y gobiernos, aclarando las dudas sobre las políticas de inversión y otros asuntos regulatorios, abordando las quejas de los inversores, tomando medidas oportunas para prevenir, gestionar y resolver disputas entre los miembros.
El texto presentado ante la falta de acuerdo de la reunión de la OMC en Buenos Aires ha encontrado, sin embargo, críticas de países como India, con gobierno federal en el que un enfoque nacional parece poder entrar en conflicto con la autonomía funcional de los gobiernos regionales y las autoridades gubernamentales locales.
Por la misma razón se pone en cuestión los beneficios del instrumento de la ventanilla única para inversores, alentadas desde instituciones multilaterales, y que, a diferencia de las ventanillas de facilitación del comercio (que involucra unos pocos departamentos que se ocupan del comercio transfronterizo y el cumplimiento de las aduanas), requiere la cooperación de muchas áreas en todos los niveles del gobierno y, por lo tanto, plantea desafíos críticos en el proceso de implementación. En términos prácticos, las ventanillas únicas pueden no ser efectivas en los países donde la creación de una empresa requiere la aprobación de las autoridades nacionales, regionales y locales, más aún si éstas no están habituadas a cooperar en el marco de la implementación de los compromisos vinculantes bajo un acuerdo multilateral.
Nadie niega que la transparencia es la base del buen gobierno, pero los países pueden ser reacios a renunciar al espacio de políticas cuando exploran compromisos vinculantes al respecto. Como señala K. Singh en el artículo citado, la transparencia de las políticas de inversión podría promoverse a través del asesoramiento a los inversores sobre dichas políticas, la asistencia técnica y los esfuerzos de creación de consenso. Para los más críticos con los acuerdos multilaterales sobre facilitación, también es motivo de preocupación el hecho de que los requisitos de transparencia y notificación que puedan vincularse en las ventanillas únicas aumenten la carga administrativa ya onerosa en muchos países, además de invadir el ámbito de la formulación de políticas nacionales.
Un sistema vinculante de compromisos en el marco de la OMC parece estar todavía está muy lejos. De hecho, sigue siendo incierto si el mandato de negociación actual de la OMC le permite ocuparse de la facilitación de la inversión. Como se señala desde algunos ámbitos en el contexto actual, los esfuerzos multilaterales sobre facilitación de la inversión podrían dirigirse más al desarrollo de mejores prácticas y leyes blandas (códigos de conducta voluntarios).
En última instancia, la facilitación de la inversión es solo un instrumento para atraer inversiones, y probablemente no tan importante como los determinantes económicos de los países. Ya hay muchos países y regiones que han establecido sistemas de ventanilla única y procedimientos administrativos simplificados, sin que exista clara evidencia de que tales medidas hayan dado lugar a un aumento de la inversión.
Al debate sobre la eficacia de los organismos de promoción de las inversiones se suman los escépticos sobre expectativas poco realistas de que las normas de facilitación de la inversión fortalezcan los flujos de inversión sostenibles y ayuden a alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Marian Scheifler
Socia directora, SIfdi