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Objetivo: Elegir España

España se merece tener ambiciosos objetivos de inversión extranjera sostenible

26 de noviembre de 2020 | IDE | Por Marian Scheifler | Versión para imprimir 

La inversión extranjera está llamada a desempeñar un importante papel en la restructuración de la Europa post-pandemia.

Hace unos días, en un mensaje difundido a través de una red social, el Presidente francés, Emmanuel Macron, señalaba: “My message to all investors is clear: choose France!”, desgranando después, en pocas líneas y con datos relevantes, las prioridades de corto y largo plazo de su gobierno. Los datos se referían, claro está, a lo que es importante desde la perspectiva del inversor extranjero, esto es, los compromisos del gobierno en términos de inversión y las reformas estructurales en relación con la política fiscal, fundamentalmente de impuestos.

Este anuncio forma parte de un programa de tres años de duración, Choose France, que reunirá, en la primera reunión a celebrar en enero 2021, a más de 150 CEOs internacionales, inversores en Francia, en el castillo de Versalles. Una estrategia de gran calado y significación, al más alto nivel, que pretende continuar con el diálogo entre los grandes inversores internacionales presentes en suelo galo y el gobierno francés, con el objetivo de consolidar sus posiciones en el país, y de revelar recomendaciones de policy advocacy, que el gobierno parece dispuesto a escuchar.

En la misma semana, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunciaba el lanzamiento de una nueva oficina intergubernamental para la atracción de inversión extranjera, con el fin de asegurar, con rigor y profesionalidad, las oportunidades de inversión de alto impacto alineadas con las prioridades del gobierno.

Johnson señalaba que la creación de la nueva oficina responde al amplio compromiso de su gobierno con los inversores, y contribuirá a reforzar el apoyo público a empresas extranjeras, así como a canalizar inversiones estratégicas, de alto valor e impacto. En un contexto de creciente competencia mundial por los flujos internacionales de capital, el anuncio de Downing Street pretende también afianzar el atractivo del Reino Unido después del Brexit, consciente del papel positivo que desempeña la inversión extranjera en su economía.

Estas iniciativas, desarrolladas por las más altas instancias de los respectivos gobiernos, responden a un nuevo escenario de máxima incertidumbre para el desarrollo de las políticas relativas a la inversión extranjera, donde conviven las aparentes tendencias a la regionalización y reshoring en la localización de las inversiones productivas, con la toma en consideración de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las decisiones globales de inversión y la paralela preocupación de inversores y gobiernos por su impacto y medición. Un nuevo paradigma para futuro de la inversión, en el que se predica el capitalismo de los stakeholders, no solo de los shareholders.

Todo ello convive con un marco legal que apuesta por los mecanismos de screening o autorización previa de inversiones instrumentados en los países desarrollados y, en particular en los de la Unión Europea, con el objetivo de proteger sectores sensibles y estratégicos.

Un panorama ciertamente complejo e ignoto que, en España, también requiere de acción decidida. Los instrumentos de selección y protección respecto a la inversión foránea, de naturaleza restrictiva, requieren ser compensados con vitaminas que la favorezcan, selectivamente, si, pero decididamente, como han entendido Macron y Johnson.

El mapa de la gobernanza de la promoción de inversiones en nuestro país aparece cada vez más populado en todos los niveles de gobierno, con más de medio centenar de instituciones e iniciativas para la atracción y promoción de inversión extranjera -muchas de ellas locales, ligadas a servicios de última milla en el proceso inversor-, que aumenta el riesgo de diluir el esfuerzo profesional que hay que realizar para lograr resultados, al tiempo que debilita el mensaje-país a los inversores internacionales.

Ciertamente, España continúa siendo un país atractivo para la inversión extranjera. También lo son sus empresas. Los mecanismos de autorización previa tratan de evitar tomas de posiciones abusivas en sectores sensibles a bajo precio de inversores no comunitarios. Aún así, solo en los últimos 6 meses, grandes fondos y gestoras de hedge funds han aflorado más del 3% en empresas españolas de tecnología (Amadeus), infraestructuras (Ferrovial, Cellnex), energía (Enagás, Solaria) o banca (Bankia, Banco Sabadell), entre otras.

Pero España se merece tener ambiciosos objetivos de inversión extranjera sostenible, claramente alineados con la estrategia de modernización y generación de un crecimiento más robusto, sustentable e inclusivo, que solo podrán definirse sobre la base de la inversión posible, aquella que liga las prioridades (ESG) de los inversores con las ventajas competitivas que ofrece el país.

Para ello, La política de atracción de inversión debe dictarse claramente desde la más alta instancia de Gobierno, con una sola voz, y escuchando activamente a las empresas extranjeras que más han apostado por la generación de valor España. Y con perspectiva de largo plazo. Si de verdad queremos tener inversores y poder elegir los mejores entre los posibles.

Marian Scheifler
Socia directora, SIfdi

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